La política dominicana vuelve a tropezar con su deuda más vergonzosa: la capacidad —o la falta de ella— para reaccionar con firmeza ante denuncias de violencia sexual, especialmente cuando la señalación toca a un dirigente electo. En medio de una investigación penal en curso, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, solicitó públicamente la expulsión de un regidor oficialista señalado en una denuncia por presunto abuso/agresión sexual contra una menor. El planteamiento de Gómez Mazara, difundido en medios nacionales, coloca al PRM bajo un reflector incómodo: ¿actuará con rapidez para separar de su estructura a un funcionario municipal acusado de un hecho grave, o se refugiará en tecnicismos políticos mientras el proceso judicial avanza? La respuesta tiene implicaciones directas sobre la confianza ciudadana en los partidos y en su supuesta “tolerancia cero” ante la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ### ¿De quién se trata y qué se denuncia? De acuerdo con reportes periodísticos del 10 de marzo de 2026, el llamado de Gómez Mazara va dirigido a que el PRM expulse al regidor Ángel María Álvarez Peguero, conocido como “Enrique”, representante municipal del municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal. Listín Diario reseñó que el edil ha sido señalado en una denuncia por presunta agresión sexual contra una menor de su entorno familiar —identificada en los medios como su nieta— y que la acusación abarcaría un periodo prolongado. En informaciones divulgadas por la prensa, se ha indicado que existiría una orden de arresto emitida por el Distrito Judicial de San Cristóbal, con referencia a artículos del Código Penal Dominicano vinculados a este tipo de delitos. También se ha reportado que la denuncia habría sido presentada por la madre de la menor luego de evaluaciones médicas y de lo revelado por la niña. Ocoa Digital no publica la identidad de la menor, en apego a las normas de protección de niños, niñas y adolescentes y al principio de no revictimización. ### El regidor y el proceso judicial: lo que se conoce Medios dominicanos han informado que el regidor fue apresado a inicios de marzo durante un acto público y trasladado a San Cristóbal para fines de investigación. En una nota local se reportó, además, que la menor habría declarado en cámara Gesell, un mecanismo especializado para recoger testimonios de víctimas menores de edad en condiciones que reduzcan el daño emocional y que faciliten el proceso probatorio. La cobertura disponible ubica el caso en una etapa inicial del proceso penal: investigación del Ministerio Público y preparación de diligencias para el conocimiento de medida de coerción en el tribunal de Atención Permanente. Es importante subrayar que, a la fecha de los reportes citados, la determinación de responsabilidad penal corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales, conforme al debido proceso. ### El reclamo de Guido Gómez Mazara: disciplina política frente a un delito grave En ese contexto, Guido Gómez Mazara fijó una posición que rompe la ambigüedad que suele dominar a los partidos cuando el acusado porta credencial política: pidió la expulsión del regidor del PRM. Según la información compartida por el remitente del correo recibido en Ocoa Digital y coincidente con lo publicado en medios, Gómez Mazara sostuvo que una organización política “debe actuar con firmeza y transparencia” ante señalamientos de esta naturaleza. También enfatizó que ningún partido puede permitir que hechos así manchen su imagen ni erosionen la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Su llamado apunta a un punto clave que en República Dominicana se discute poco con honestidad: una cosa es el debido proceso penal —donde se investiga, se acusa y se juzga— y otra muy distinta es la responsabilidad ética y política de los partidos para proteger a la sociedad de potenciales agresores en posiciones de poder. La expulsión o suspensión partidaria no sustituye una condena judicial, pero sí envía un mensaje: que el partido no protegerá ni cobijará políticamente a quien esté bajo una denuncia grave por violencia sexual, especialmente contra una menor. ### La presión no vino de un solo lado La petición de Gómez Mazara se convirtió en un termómetro de manejo de crisis para el PRM por tratarse de un funcionario electo en el nivel municipal. Acento también recogió el llamado público del dirigente a separar al edil de la organización. De forma paralela, otros actores del oficialismo han sido citados por medios en un tono similar. La República Online publicó declaraciones atribuidas a la vicepresidenta Raquel Peña en las que considera que el PRM debió expulsar al regidor antes, al tiempo que señaló que el caso está en manos del Ministerio Público y que debe aplicarse “todo el peso de la ley”. Esa coincidencia —desde diferentes voces— revela que el costo reputacional es real: en 2026, ningún partido puede pretender pasar por alto una denuncia de violencia sexual contra una menor sin enfrentar una reacción pública contundente. ### Lo que está en juego: confianza, protección de menores y cultura de impunidad Este caso no es solo un expediente judicial. Es un espejo: refleja el choque entre la cultura de impunidad que por años ha blindado a figuras con poder local, y la exigencia creciente de la sociedad para que las instituciones —incluidos los partidos— actúen con rapidez cuando se trata de violencia sexual. La indignación ciudadana se alimenta de una realidad dominicana conocida: muchas denuncias de abuso no prosperan por miedo, presión familiar, dependencia económica, o por la lentitud de los procesos. Cuando, además, el acusado ocupa una posición de autoridad —como un regidor— el desequilibrio de poder puede ser aún más profundo. Por eso, el debate no se limita a “imagen del partido”. Se trata de protección efectiva de menores, de romper el silencio y de evitar que el poder político se convierta en refugio. ### ¿Qué puede y qué debe hacer un partido? Un partido político no investiga ni condena penalmente. Pero sí puede —y debe— activar protocolos internos: suspensión, separación de cargos orgánicos, solicitud formal de renuncia a posiciones partidarias y acompañamiento institucional para que la justicia actúe sin interferencias. La exigencia de expulsión lanzada por Gómez Mazara coloca un estándar: actuar antes de que el daño reputacional se convierta en derrumbe ético. Sin embargo, esa acción debe estar acompañada de un mensaje inequívoco: cooperación con el Ministerio Público, rechazo al encubrimiento y compromiso con la protección de las víctimas. Cuando un partido demora o se hace el desentendido, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: que la estructura política pesa más que la dignidad de una niña. ### Un país que intenta construir mecanismos, pero aún falla en la práctica En los últimos años, el Estado dominicano ha anunciado iniciativas para fortalecer la detección y notificación de abusos y agresiones. Entre ellas, una coordinación interinstitucional impulsada por el Ministerio de Interior y Policía junto a Salud Pública para crear sistemas de detección desde centros de salud que permitan identificar posibles casos y activar investigación. Ese marco institucional es relevante porque el problema no termina en el titular: la prevención y el seguimiento requieren rutas claras, personal entrenado, acceso a evaluación médica y psicológica, y un sistema de justicia que responda con celeridad. La cámara Gesell —mencionada en reportes sobre este caso— es parte de esa respuesta, pero su efectividad depende de que el proceso completo proteja a la víctima, preserve evidencia y garantice que no haya revictimización. ### Nigua y la responsabilidad local El señalado es un regidor del municipio San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, una demarcación que cuenta con autoridades municipales para el período 2024-2028, según documentos institucionales del ayuntamiento (Plan Municipal de Desarrollo). En comunidades donde el poder local es cercano y las redes familiares son densas, la presión social puede ser feroz tanto para quien denuncia como para quien acompaña. Por eso, además de la acción judicial y partidaria, se vuelve crucial que las instituciones de protección a la niñez y las redes de apoyo psicosocial hagan su trabajo sin miedo y sin cálculo. ### Lo que falta por confirmar y lo que sí es indiscutible Aunque los medios han reportado arresto, traslado, diligencias y posibles medidas de coerción, algunos detalles específicos del expediente —como el contenido exacto de la acusación formal, el alcance de la investigación o el estado procesal confirmado en tribunal— no están plenamente documentados en la información pública citada. Eso no debilita la gravedad del caso: más bien evidencia por qué se requiere transparencia procesal y comunicación responsable. Lo indiscutible es lo siguiente: existe una denuncia grave, el Ministerio Público investiga, y una figura de alto perfil dentro del PRM ha exigido una sanción partidaria inmediata. En ese triángulo —denuncia, justicia y política— se definirá si la respuesta institucional está del lado de la víctima o del lado del silencio. ### Un mensaje que no admite doble lectura La denuncia de violencia sexual contra una menor no puede convertirse en un debate de “conveniencia” partidaria. Si un partido gobierna, su obligación ética es mayor: actuar con claridad, separar al señalado de su estructura y cooperar con la justicia sin ambigüedades. La solicitud pública de Guido Gómez Mazara abre una puerta: la de la responsabilidad política ante acusaciones que estremecen a cualquier sociedad. Ahora falta lo esencial: que el PRM, como organización, demuestre que su reacción no es un gesto mediático, sino una postura firme para que el poder no sea escondite, y para que la dignidad de una menor no sea moneda de cambio en ningún cálculo electoral. Fuentes: Listín Diario (10/03/2026); Acento (10/03/2026); La República Online (11/03/2026); Alcarrizos News (11/03/2026); Presidencia de la República Dominicana (nota institucional sobre coordinación Interior y Policía–Salud Pública); Ayuntamiento de Nigua (Plan Municipal de Desarrollo, referencia de autoridades municipales).