La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una iniciativa parlamentaria que busca suprimir la figura de las candidaturas independientes, lo que ha reavivado un choque jurídico y político en torno a los derechos políticos de la ciudadanía. La pieza propone derogar los artículos que regulan la opción de postularse fuera de los partidos, medida que promotores califican de aprobada sin un estudio técnico previo y de alcance constitucional. El debate se cruza con un precedente del Tribunal Constitucional —identificado como TC/0788/24— en el que la Corte declaró inconstitucionales exigencias de la ley electoral que impedían o dificultaban la postulación independiente, y ordenó su regulación en términos compatibles con la Carta Magna. Tras ese pronunciamiento la Junta Central Electoral (JCE) elaboró un proyecto para reglamentar la figura; paralelamente, el Congreso recibió iniciativas tanto para regular como para eliminar la vía independiente. En la dinámica legislativa más reciente, el Senado aprobó una iniciativa para suprimir los artículos afectados y remitió la pieza a la Cámara de Diputados, donde existe un escenario fragmentado: una comisión parlamentaria rindió un informe desfavorable sobre proyectos que buscaban regular las candidaturas y varios diputados han expresado su apoyo a la eliminación argumentando que la Constitución no prevé de forma expresa la figura de la candidatura independiente. Entre actores políticos que apoyan la derogación se encuentran voces públicas que han respaldado limitar la vía no partidista. Organizaciones civiles, promotores de candidaturas independientes y analistas han respondido con recursos de amparo y demandas ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la iniciativa legislativa. Esos recursos plantean la posible contradicción entre una ley orgánica que pretenda limitar el acceso a cargos electivos y la interpretación del tribunal sobre derechos fundamentales relacionados con el sufragio y el derecho a ser elegido. El choque potencial entre el Congreso y el Tribunal abre preguntas jurídicas relevantes: si una ley orgánica puede restringir una garantía reconocida por la máxima intérprete de la Constitución; y cuáles son los estándares técnicos y jurídicos que deben sostener una reforma de esta naturaleza. Juristas consultados por diversos medios han subrayado la necesidad de estudios técnicos previos sobre sucesión y suplencias, financiamiento, inscripción de candidaturas y distribución de escaños antes de introducir cambios que afecten derechos políticos. Más allá del litigio, la controversia tiene efectos políticos: la eliminación de candidaturas independientes reduciría las alternativas fuera de los partidos tradicionales, podría alterar la percepción de pluralismo en los procesos electorales y generaría presión sobre la JCE y el propio Congreso para justificar técnica y jurídicamente la medida. Por ahora, la causa continúa su trámite legislativo y en paralelo se dirimen recursos judiciales que podrían determinar la validez de cualquier derogación. En caso de conflicto final, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra sobre la conformidad de la norma con la Constitución. El contenido principal es imagen o comunicado. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939. Fuente consultada para esta nota: Sentencia TC/0788/24 — Tribunal Constitucional (13/12/2024). https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc078824/