El expresidente del CODIA, Teodoro Tejada, afirmó que la Ley 83-24 constituye una “burda violación” del artículo que garantiza la igualdad constitucional, y que la norma favorece de manera exclusiva a ciertas instituciones y obras mientras deja fuera a otras en situaciones similares. Si se confirma esa lectura, la ley podría fragmentar la equidad en la ejecución de obras públicas y contradecir la jurisprudencia sobre el principio de favorabilidad. La discusión afecta transparencia, competencia y el acceso igualitario a contratos e infraestructuras. Síguenos y comenta tu opinión. Para leer más en ocoadigital.com. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939. #Ocoa #Ley8324 #ObrasPúblicas #Transparencia #Igualdad #Codia #Ciudadanía
El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y exsubsecretario de Obras Públicas, calificó la Ley 83-24 como una “burda violación” al principio constitucional de igualdad. Según Tejada, la normativa transgrede el artículo 39 de la Constitución al imponer privilegios que impiden el acceso equitativo a la ejecución de obras públicas. En su análisis, Tejada subraya que la ley desconoce además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de favorabilidad, que obliga a preferir la interpretación más protectora de los derechos individuales cuando existen distintas lecturas legales. Señaló que la exclusividad que pretende otorgar el dispositivo —a instituciones o a proyectos específicos— resulta improcedente y disgrega el marco de competencia y equidad en la contratación pública. El exfuncionario advierte que obras beneficiadas por la norma reciben un trato diferencial que no se extiende a otros proyectos afectados por casos similares de “nudo legal”. Para Tejada, esa selectividad constituye un desacato a sentencias que buscan garantizar igualdad real y efectiva en el acceso a la ejecución de infraestructura. Las críticas se inscriben en un debate más amplio sobre la legalidad y la transparencia en la gestión de obras públicas, y plantean la necesidad de revisar la norma a la luz de los derechos constitucionales. La postura del ingeniero suma voces que piden una evaluación jurídica profunda para determinar si la ley vulnera garantías básicas y para evitar que medidas adjetivas limiten la competencia, la equidad y el control institucional en proyectos de interés público. La discusión sobre la Ley 83-24 y su impacto en procesos de contratación y ejecución de obras públicas plantea preguntas sobre la protección de derechos, la igualdad de trato entre instituciones y la coherencia con criterios constitucionales y jurisprudenciales. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.