El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que autoriza garantías y fideicomisos por hasta US$ 2.000 millones para financiar a Petroperú. La medida tiene como objetivo mantener la continuidad operativa de la petrolera estatal y asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado nacional ante la presión sobre precios internacionales del petróleo y la falta de liquidez de la empresa. El decreto (Decreto de Urgencia N.° 003-2026) faculta al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a asumir compromisos contingentes por hasta US$ 2.000 millones destinados a capital de trabajo, recomposición de inventarios y servicios necesarios para la operación. Además, se permiten operaciones de corto plazo por hasta US$ 500 millones que deberán ser cubiertas posteriormente con la operación financiera principal. El texto señala que estos compromisos no afectarán los fondos destinados a programas de electrificación rural. La norma establece que ProInversión tendrá la supervisión exclusiva del uso y disposición de los recursos y podrá autorizar la constitución de un vehículo de propósito especial para canalizar los fondos. El decreto fija plazos administrativos para definir protocolos y esquemas de administración financiera asociados a la reorganización de la empresa. El documento oficial advierte que la matriz energética nacional depende mayoritariamente de hidrocarburos —un 74% según el decreto—, por lo que cualquier interrupción en el suministro impactaría directamente en el transporte, la industria, la producción y el consumo interno. El respaldo financiero busca mitigar ese riesgo ante la mayor volatilidad y las tensiones internacionales que afectan la oferta global de crudo. La decisión llega además en un contexto de cambios en la dirección de la empresa, con un nuevo presidente del directorio, y plantea dos interrogantes clave para la ciudadanía: el alcance real del riesgo fiscal que implican las garantías estatales y la eficacia de los mecanismos de supervisión anunciados. El decreto delega a ProInversión la fiscalización del uso de los fondos, lo que hace central la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del respaldo. Para la población, la medida pretende asegurar que no haya interrupciones en el suministro de combustibles; para las autoridades, abre la necesidad de garantizar que los recursos públicos usados como respaldo sean administrados con controles estrictos y claridad sobre los riesgos contingentes que asume el Estado. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.