Líderes comunitarios de la provincia San Juan anuncian que la próxima fase de su movilización estará dirigida a exigir al gobierno el pago de RD$600 millones que, según productores locales, les corresponderían. El reclamo se suma a la demanda histórica de evitar la explotación minera en la zona de Hondo Valle (Romero) y de proteger las fuentes acuíferas de la Cordillera Central. Manuel Matos, coordinador del Movimiento Soroeste Unido por el Agua y la Vida y productor agrícola, señaló que el movimiento mantiene su postura de rechazo a la actividad extractiva que desarrollaba la empresa GoldQuest y que espera que el presidente le dé carácter normativo a la paralización ordenada a la compañía. Matos subraya que, tras años de litigio y movilización —con recursos presentados hasta el Tribunal Constitucional—, las decisiones a favor de las comunidades fueron posteriormente desconocidas por la empresa y por instancias gubernamentales, lo que fundamenta la continuidad de la protesta. En el discurso público del movimiento confluyen preocupaciones ambientales y demandas de desarrollo. Voceros citan pronunciamientos en contra de la explotación por parte de la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un científico de Estados Unidos, que advertían del peligro para el río San Juan y la vida en la región suroeste. Matos sostiene que el rechazo local al proyecto ronda el 90% y denuncia supuestas promesas falsas de la minera sobre el manejo del agua y la ubicación de los trabajos. Junto al reclamo por el pago alegado, los productores plantean alternativas para la provincia: la construcción de dos nuevas presas y la implementación de un sistema de riego presurizado que optimice el uso del agua y mejore la productividad agrícola. El activista cuestiona la narrativa que presenta la minería subterránea como poco dañina y llama a retirar concesiones ubicadas en las cuencas que alimentan las principales fuentes de agua del suroeste. El conflicto entre comunidades, empresa y Estado concentra tensiones sobre derechos territoriales, manejo de recursos hídricos y responsabilidad administrativa ante reclamos económicos. La exigencia por el pago reclamado y la petición de protección legal para la suspensión de actividades mineras plantean un desafío político y técnico que incide directamente en la seguridad hídrica y la economía rural de San Juan. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.