La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando que se investiguen posibles responsabilidades institucionales derivadas de la actual crisis de seguridad pública en México. El recurso, expuesto por líderes y asesores jurídicos del partido, atribuye a una política de Estado la expansión de estructuras criminales. Según la representación panista, la implementación de la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” provocó condiciones que permitieron el ascenso de los cárteles: en su desglose jurídico señalaron cifras que incluyen cientos de miles de homicidios y más de cien mil personas desaparecidas, además de desplazamiento forzado y pérdida de control territorial. Los denuncantes sostienen que la omisión deliberada para combatir a las organizaciones delictivas facilitó acumulación de recursos, armamento e influencia criminal. El PAN también incorporó en su planteamiento la existencia de señalamientos y indagatorias que, a su juicio, muestran la infiltración del crimen en espacios políticos, y mencionó a gobernadores presuntamente vinculados a facciones delictivas, incluyendo casos que han trascendido en denuncias públicas. Otro eje central de la queja es la incapacidad de las autoridades locales y el Poder Judicial para realizar investigaciones independientes: los panistas afirmaron que fiscalías carecen de autonomía operativa y denunciaron una captura política del sistema judicial por parte del partido oficialista. El traslado del caso a tribunales internacionales se justifica, según los promotores, en la falta de garantías internas para una investigación imparcial y efectiva. Para los ciudadanos, la denuncia subraya demandas de rendición de cuentas por el impacto directo de la inseguridad: desaparecidos, homicidios, desplazamientos y la erosión de la confianza en instituciones encargadas de la protección y la justicia. Aunque el reclamo se dirige a una corte internacional, la acción política y jurídica apunta también a visibilizar fallas institucionales y a forzar mecanismos de investigación externa. El proceso ante la Corte Penal Internacional puede abrir un nuevo capítulo en la discusión pública sobre responsabilidades estatales en materia de seguridad y derechos humanos, con potenciales repercusiones más allá de las fronteras. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.