Una coalición integrada por Estados Unidos y una docena de países emitió un comunicado en el que denuncia “continuos intentos de derrocar” al gobierno del presidente Rodrigo Paz y condena los bloqueos de carreteras que, según la agrupación, impiden la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales a la población. La alianza, conocida como Escudo de las Américas y creada por el gobierno de Estados Unidos, señaló además que hay indicios de financiamiento de algunas protestas con “dinero sucio proveniente del narcotráfico” y advirtió que quienes estén involucrados deberán rendir cuentas. En el texto la coalición subrayó que la anarquía no puede reemplazar la decisión de los votantes y señaló la disposición del Ejecutivo al diálogo para quienes tengan quejas legítimas. Las movilizaciones y los cortes de ruta son impulsados, según fuentes citadas públicamente, por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana y simpatizantes del expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del mandatario. Los bloqueos han afectado el abastecimiento y el acceso a servicios básicos en regiones interrumpidas por las protestas. Organismos de derechos humanos citados en informes vinculados al conflicto registran al menos diez fallecidos: siete personas que murieron por falta de atención médica oportuna atribuible a los cortes de carretera, y tres víctimas en el contexto de enfrentamientos, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. La denuncia internacional agrega presión a un escenario ya marcado por polarización política y tensiones sociales. Para sectores ciudadanos la principal preocupación es el impacto inmediato en la disponibilidad de alimentos y atención sanitaria; para actores institucionales, el reto es contener la violencia, garantizar el derecho a la protesta y restablecer el tránsito para proteger vidas. El pronunciamiento de la alianza plantea además un desafío diplomático: la combinación de advertencias sobre financiamiento ilícito y el respaldo público al gobierno puede endurecer posiciones y complicar espacios de diálogo. La situación demanda, según diversas voces, medidas que prioricen la protección de la población civil, la investigación de irregularidades y la apertura efectiva a negociaciones. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.