Un tribunal condenó a Adán Cáceres a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos tras concluir que su patrimonio no se justificaba con los ingresos declarados. El fallo forma parte del expediente conocido como Caso Coral, en el que el Ministerio Público presentó miles de pruebas. La sentencia destaca el choque entre ingresos formales y operaciones financieras detectadas mientras estuvo al frente del CUSEP. #CorrupciónRD #Justicia #CasoCoral #Transparencia #AdánCáceres #RD Para leer más en ocoadigital.com. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una pena de 20 años de prisión y la obligación de pagar 400 salarios mínimos al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, tras hallarlo culpable de hechos vinculados a corrupción administrativa atribuidos a la estructura investigada en el expediente conocido como Caso Coral. Las juezas que integraron el tribunal —Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes— señalaron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron una desproporción entre los ingresos formales declarados y el volumen de activos y operaciones económicas del condenado. Durante la motivación, el tribunal indicó que cuando Cáceres asumió la dirección del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) percibía un salario mensual declarado de RD$245,000, mientras que su esposa reportaba ingresos de RD$49,840, montos que, según la resolución, resultaban insuficientes para justificar múltiples adquisiciones, certificados financieros, préstamos y pagos observados en el período investigado. El Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la acusación, que refiere desvíos de recursos públicos por montos que la investigación calcula en miles de millones. La condena se enmarca en uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor repercusión pública. El fallo apunta a sancionar tanto la pena privativa de libertad como la reparación pecuniaria impuesta. La lectura íntegra de la sentencia y las condenas a otros imputados continuará conforme al calendario fijado por el tribunal, según informó la sala. El caso plantea interrogantes sobre el control de recursos públicos en instituciones de seguridad y sobre la capacidad de los mecanismos de supervisión para detectar y prevenir conductas que derivan en enriquecimiento no justificado. Para la ciudadanía, la sentencia constituye un hito procesal que puede influir en la percepción de la respuesta institucional frente a presuntas redes de corrupción y en las demandas por mayor transparencia y rendición de cuentas. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.