El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 30-26, denominada Plan Anti-Crisis, que introduce una batería de cambios tributarios y de administración fiscal orientados a captar recursos adicionales y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas ante presiones externas. El gobierno proyecta que la norma permita captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones para sostener inversión pública, servicios esenciales y protección social. Entre las medidas centrales figura una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta empresarial, que eleva la tasa para grandes contribuyentes a 30% por tres años; ese tramo aplica a empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. La ley también aumenta marginalmente el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%, crea un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, incrementa la tributación sobre casinos y juegos de azar y suma diez dólares al impuesto sobre pasajes aéreos. En materia de fiscalización, la norma habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía retenciones del ISR en sectores de difícil fiscalización y ordena mecanismos de trazabilidad para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. Además, otorga al Ministerio de Hacienda y Economía poder de veto sobre decisiones relacionadas con leyes de incentivos. La ley incorpora medidas orientadas a reducir la presión fiscal sobre sectores de menores ingresos: ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal y eleva el mínimo exento a un nivel señalado como suficiente para cubrir la canasta familiar de un quintil; aumenta la deducción por gastos educativos y la amplía para casos de discapacidad y trastornos del neurodesarrollo. Para micro y pequeñas empresas se eliminan o alivian obligaciones de anticipos y frecuencia de pagos; el sector agropecuario queda exento de anticipos y del impuesto a los activos. Las medidas modifican tanto la estructura de ingresos como las herramientas de control fiscal, con impacto directo en grandes contribuyentes, sectores con difícil fiscalización y en la recaudación destinada a políticas públicas. El alcance administrativo y el cumplimiento serán elementos claves a observar en la implementación. Para noticias, denuncias, fotos y videos, comunícate con nosotros: redaccion@ocoadigital.com y WhatsApp +1 849-379-1939.